La Comunidad de Madrid aprueba la Ley de Universidades, que impulsará su competitividad

La LEMES contará con un sistema de financiación que contempla resultados.

Con esta Ley “se ha dado un paso más en el compromiso con la calidad de la enseñanza” ya que apuesta abiertamente por la docencia innovadora la investigación de calidad, la movilidad, la internacionalización y la atracción de talento. Su tramitación ha contado con el diálogo, la cooperación y el trabajo conjunto de la comunidad universitaria de la región, después de más de 60 reuniones.

“Esta ley es para reforzar la educación a nivel superior, se va a dotar de financiación adecuada plural, estable, común  y se va a homologar con otras Comunidades Autonómicas, para ello se han mantenido reuniones con entidades de la comunidad universitaria”, ha subrayado la presidenta regional. Además ha destacado el respaldo de los rectores de todas las Universidades madrileñas.

Así mismo la nueva Ley concede más protagonismo a los estudiantes fomentando su participación activa a través del Consejo de Estudiantes Universitario de la Comunidad de Madrid y participarán en la evaluación del profesorado.

Con respecto al profesorado se les facilitarán los traslados.

Se destinarán en este año casi 969 millones de pago de Renta Mínima de Inserción (RMI) beneficiando en el 2017 en torno a 30.000 familias. La cuantía va desde 400 euros para una sola persona hasta los 707 euros para familias de tres o más miembros. Con el pago de esta prestación, el Gobierno regional cubre las necesidades básicas de las familias más vulnerables.

También se destinan 500.000 euros a proyectos medioambientales para entidades sin ánimo de lucro para actuaciones de protección de flora y fauna, mejora de los hábitats y preservación de la biodiversidad en la Red Natura 2000.Así  mismo se podrán financiar estudios sobre el uso público de espacios protegidos y la realización de actividades deportivas en el medio natural.

Mil familias madrileñas podrán beneficiarse este curso de las ayudas de la Comunidad al transporte escolar, aunque la cuantía de estas ayudas directas dependerá de la distancia del domicilio y el centro docente e irán  desde los 260 hasta los 1.100 euros. Además se destina 16,5 millones de euros a contratación de 621 rutas que dan servicio a más de 17.500 alumnos. También se han batido records de becas con una inversión total de 110,9 millones de euros de los que se beneficiarán 225.000 alumnos este curso 2017/18.

Por último el Canal de Isabel II destina 11 millones de euros para depurar aguas residuales en la zona oeste de la Comunidad. Este servicio se presta a través de 27 depuradoras  de la cuenca del río Alberche para atender a 23 municipios. Su capacidad de tratamiento es de 10 millones de metros cúbicos al año y el además Canal invertirá 2,4 millones para el mantenimiento de 400.000 metros cuadrados de zonas verdes.

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Al termino de los asuntos aprobados en el consejo de Gobierno la presidenta ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre asuntos relativos a las próximas elecciones catalanas. En este sentido Cristina Cifuentes ha recordado que la aplicación del 155 se hizo “con el objetivo de restituir a las instituciones catalanas a la legalidad y a la normalidad democrática y eso solo se podrá conseguir en las urnas”.

Así mismo ha subrayado que “en este país se penaliza la comisión de hechos delictivos sean políticos, empresarios y bajo la ideología que sea. Tenemos una ley que hay que cumplir, queremos un gobierno que evite las consecuencias negativas de la deriva secesionista a la que quieren llevar a Cataluña “.

En relación a la intervención de las cuentas públicas del consistorio madrileño por parte del Ministerio de Hacienda la presidenta regional ha insistido en que “la Ley está para que la cumpla todo el mundo”, y ha señalado que la intervención se produce “no por el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, y el techo de gasto sino porque no se ha presentado un plan financiero al que están obligados y que el ayuntamiento no ha cumplido, y el ministerio ha aplicado la Ley y ha valorado el grado de incumplimiento”.