No hay caso

La actuación de Cristina Cifuentes en el proceso de adjudicación  de la cafetería de la Asamblea de Madrid se ajustó a derecho, según fuentes jurídicas de la Comunidad. Cabe señalar que, en el marco de esta investigación, no se ha producido imputación alguna.

Fuentes jurídicas de la Comunidad de Madrid aseguran que las acusaciones vertidas contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, con respecto a las adjudicaciones de la Cafetería en la Asamblea de Madrid (2009-2011), “carecen de fundamento”.

En este sentido aseguran que “las adjudicaciones se ajustaron plenamente a derecho” y que los informes policiales no se sostienen “porque lo que no hay caso”.

El hecho de que Cifuentes participara como miembro de la Mesa de Contratación, en estos concursos, se derivó de su cargo de vicepresidenta primera de la Asamblea. Y en lo que se refiere a su participación como miembro del Comité de Expertos, respondió a un mandato adoptado por unanimidad en la mesa de la Asamblea de Madrid.

El informe emitido por los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid  se subraya que “no hay incompatibilidad en el hecho de que Cristina Cifuentes formara parte del Comité de Expertos y de la Mesa de Contratación”.

Cabe señalar que la ley prohíbe que una persona forme parte del Comité y del órgano proponente y qué en este caso es la dirección de Gestión Administrativa,  de la que Cifuentes no formaba parte.

Asimismo, cabe recordar que tres de los miembros del Comité de Expertos han declarado en el marco de una investigación policial, sin imputación alguna. Además, todos coinciden en señalar que las valoraciones las realizaba, en 2009, la letrada Tatiana Recoder y en el año 2011 el técnico superior Arturo Zubiri. Todos argumentan que los informes se efectuaron basados en las observaciones de los técnicos, sin que la Cifuentes participase en ello.

Además, todos los pliegos, previa baremación y bajo el criterio y control de los técnicos, contaron con los preceptivos informes jurídicos y fiscales favorables. Pliegos que fueron aprobados por unanimidad por la Mesa de la Asamblea de Madrid (formada, además de los técnicos, por un comité de expertos, así como representantes de todos los partidos políticos).

El proceso de adjudicación

El proceso de contratación de la cafetería de la Asamblea de Madrid (2009-2011) se realizó, por tanto, de acuerdo con la normativa vigente en un proceso reglado y con la participación de los cuatro órganos que tomaban las decisiones (Comité de expertos, Mesa de Contratación, dirección de Gestión Administrativa – órgano proponente-, y la Mesa de la Asamblea de Madrid,- órgano que efectúa la adjudicación), además de los  miembros de los distintos partidos políticos con representación parlamentaria.

Las decisiones fueron adoptadas por unanimidad y basadas en criterios técnicos, y dando cumplimiento así a los pliegos de cláusulas administrativas particulares (previo el preceptivo informe jurídico y fiscal más el informe favorable del interventor de la Asamblea).

La Mesa de contratación

Cristina Cifuentes asume la vicepresidencia primera de la Presidencia de la Mesa de Contratación, por delegación del presidente de la Asamblea, -en ese momento José Ignacio Echevarría (VIII y IX Legislaturas), entre 2007 y 2011. La Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid ha estado siempre compuesta por el Interventor, el jefe de Contratación, el director de Gestión Administrativa, el secretario general o un letrado, y los 3 vicepresidentes, de cada uno de los partidos. En la misma trabajaban 4 técnicos y 3 políticos de distinto signo: Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida. Era por tanto un órgano plural.

Además, cuando en una convocatoria existen criterios que dependen de un juicio de valor, se constituye un Comité de Expertos, y estos criterios son emitidos a través del informe de un funcionario. Así fue en el concurso de la cafetería de la Asamblea de 2009 y 2011, donde el técnico que formaba parte del Comité de Expertos, emitió el correspondiente informe, ratificado por el resto de los miembros, entre ellos, Cristina Cifuentes, siguiéndose en todo momento principios de objetividad, imparcialidad y legalidad.

No hay incompatibilidad

Según la ley de Contratos del Sector Público, la única incompatibilidad para formar parte del comité de expertos es ser miembro del órgano proponente. Con respecto a Cifuentes, por tanto, no existía problema alguno al NO formar parte del órgano proponente (la DGA), pero sí del Comité de Expertos.

Composición actual

Actualmente, la Mesa de Contratación está presidida por representantes de Ciudadanos, del PSOE, y de Podemos. El presidente de la Mesa es Juan Trinidad (Ciudadanos), que es el vicepresidente de la Asamblea, por delegación de la presidenta Paloma Adrados. El vicepresidente segundo es Modesto Noya (PSOE), y Laura Díaz (Podemos).

Las decisiones se siguen tomando con los mismos criterios. Hasta ahora, siempre de forma colegiada y por mayoría, aunque lo habitual es el acuerdo unánime.

Fundescam

En cuanto a la supuesta relación de Cristina Cifuentes con Fundescam, hay que señalar que dejó de ser vocal de la Fundación en 2008, un año antes del primero de los concursos objeto de investigación.

La propia presidenta ha recordado en sus intervenciones que durante el periodo en el que formó parte de Fundescam como vocal, “no intervino en ninguna de las actividades de la Fundación, ni en la toma de decisiones económicas, que corresponden a los vocales apoderados”, condición que Cifuentes no ostentó en ningún momento.

Valoración jurídica

Según fuentes jurídicas de la Comunidad de Madrid “no se encuentra resolución judicial alguna que justifique procedimiento penal contra ninguno de los miembros del Comité de Expertos”. Esto significa que no se han hallado indicios racionales de criminalidad ni por parte de la autoridad fiscal ni por parte de la autoridad judicial respecto de ninguno de ellos. Cabe destacar que el informe de la UCO, en este caso, no tiene datos indiciarios.

“El informe presentado está plagado de presunciones, juicios de valor y planteamientos prospectivos carentes de base probatoria y fáctica alguna”. Los servicios jurídicos de la Comunidad recuerdan que al no seguirse diligencia judicial es que “a juicio de la Fiscalía y la autoridad judicial debe descartarse la relevancia penal de los hechos expuestos en los citados informes”.

Es importante destacar que una declaración policial, en calidad de investigado, no equivale a una imputación, y que un delito prevaricación administrativa implica una resolución injusta dictada a sabiendas de su injusticia por parte del funcionario competente. Situación que no se ajusta a la adjudicación de los contratos otorgados por la Mesa de Contratación.

El informe de la UCO

En el informe de la UCO al que se ha tenido acceso a través de los medios de comunicación, se contemplan determinadas conductas que “el autor del referido informe parece calificar de irregulares o cuanto menos sospechosas”. En este sentido, hay que destacar que las mencionadas irregularidades se refieren en el mismo informe a una defectuosa redacción técnica de los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

A este respecto, es necesario destacar que Cristina Cifuentes no tenía participación alguna ni en la redacción ni en las valoraciones emitidas con respecto a los mismos.