Querella contra Sara Hernández por prevaricación, malversación, cochecho, tráfico de influencias y fraude

El Partido Popular de Getafe sospecha que el Gobierno de Sara Hernández urdió una presunta trama de corrupción, con apariencia de legalidad, para pagar con dinero público los honorarios de Ganga. La querella se extenderá a Juan Manuel Hernández, gerente de Gisa, a la concejal Mónica Cerdá y al abogado Alberto Ganga.

El Partido Popular de Getafe se querellará contra la socialista Sara Hernández por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho, tráfico de influencias, fraude y violación de derechos fundamentales.

En septiembre de 2015 y bajo la presidencia de la alcaldesa, la agencia local de desarrollo Getafe Iniciativas (Gisa) pagó 60.000 euros en concepto de indemnización al abogado Alberto Ganga Ruipérez, que únicamente trabajó en la empresa municipal durante menos de un mes y en período de pruebas, que no superó.

Curiosamente, Ganga es el letrado de la acusación popular en el procedimiento que se sigue contra los concejales del PP por el asunto del teatro de la calle Madrid.

El Partido Popular de Getafe sospecha que el Gobierno de Sara Hernández urdió una presunta trama de corrupción, con apariencia de legalidad, para pagar con dinero público los honorarios de Ganga.

La venganza del abogado Ganga por no haber superado el período de pruebas ha sido aprovechado por Mónica Cerdá, Sara Hernández y el PSOE de Getafe para usarlo de forma sospechosa y, al parecer, de forma ilegal contra el Partido Popular y sus concejales.

Las acusaciones que han sido vertidas contra el PP en el asunto del Teatro se demuestran ahora que han sido interesadas, oscuras y en las que, presuntamente, se ha usado dinero público de manera corrupta.

El abogado Ganga ha confesado en numerosas ocasiones que no cobra ningún tipo de minuta por sus servicios en el asunto del teatro de la calle Madrid, lo que lleva a pensar que el Gobierno de Sara Hernández le dio una descomunal indemnización de 60.000 euros, a la que no tenía derecho, a cambio de que trabajase gratis en la acusación contra los
ediles del Partido Popular, lo que supone una manifiesta manipulación política para agredir al PP de una manera que parece prevaricadora y torticera.

La querella se extenderá a Juan Manuel Hernández, gerente de Gisa nombrado a dedo por Sara Hernández, al letrado Ganga, así como a la concejal Mónica Cerdá, que en ese momento era consejera delegada de la empresa municipal y que también ha sido representada por el abogado Ganga en sus problemas judiciales, lo que evidencia la afinidad de la
edil, de la alcaldesa y del PSOE con el citado letrado en diversos y determinados momentos.

Con el fin de conocer con exactitud las condiciones pactadas en la indemnización del abogado Ganga, letrado en el proceso contra el PP de Getafe, el Partido Popular ha pedido hasta en siete ocasiones el acceso al expediente administrativo con el que se tramitó la indemnización.

La ocultación y el veto de Sara Hernández, que siempre ha impedido al PP la consulta de ese expediente, evidencia el nerviosismo de la alcaldesa y su complicidad en un caso muy feo de presunta corrupción.