La portavoz adjunta del GPP y secretaria general del PP de Madrid, Ana Camins, ha mantenido hoy un encuentro con la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), y tras ella ha asegurado que “algunos quieren aprovechar la pandemia para imponer su modelo de gestión de servicios sociales”.
El Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ha mantenido una reunión con los principales responsables de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE). A la misma han acudido Jesús Cubero, Secretario General de AESTE y Natalia Roldán, Vicepresidenta de AESTE. Por parte de los populares, también han participado la portavoz de Políticas Sociales, Lola Navarro; José Virgilio Menéndez, portavoz de Discapacidad, Esther Platero, portavoz de la Comisión de Juventud y la diputada Almudena Negro, portavoz adjunta de Mujer.
Camins ha señalado la importancia de la transición digital en el ámbito de las políticas sociales, con el fin de reducir la carga burocrática para que ésta no sea un problema para los mayores, así como el acuerdo de un gran Pacto por la Dependencia, en el marco de la Mesa de Recuperación Social de la Asamblea de Madrid, que permita afrontar con éxito la etapa post-Covid.
Camins ha denunciado, en alusión a los planes de Podemos de nacionalización de las residencias de mayores, que “algunos quieren aprovechar la pandemia del Covid-19 para imponer su modelo de gestión de servicios sociales”. La nacionalización de residencias de mayores tendría un coste mínimo para el contribuyente de 10.000 millones de euros, y no serviría para afrontar la reestructuración que necesita el sector.

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Algo en lo que ha coincidido Jesús Cubero, quien ha señalado que les ha costado entrar en la mesa de reconstrucción del Congreso de los Diputados. “Las administraciones tienen que decidir con conocimiento de causa, sabiendo los costes, los profesionales que se requieren, lo que hacemos. Tenemos que sentarnos a trabajar”.
Para la vicepresidenta de AESTE, Natalia Roldán, quien ha hecho hincapié en la necesidad de estudiar la cronicidad en las residencias, la prioridad es conocer los planes de la Comunidad de Madrid para el caso de que se produzca un rebrote en otoño. Roldán ha incidido en la necesidad de reconocimiento social de los empleados de las residencias, con el fin de lograr un salario de calidad para estos. “Las fórmulas de contratación con la Administración son fundamentales, porque si prima lo económico irá en detrimento de la calidad de los servicios”, ha afirmado.
Para el grupo popular, ha señalado la portavoz de Políticas Sociales, Lola Navarro, las residencias “no son hospitales”. Se trata de establecimientos diseñados para la convivencia, en donde viven personas dependientes o grandes dependientes. “Personas con muchas necesidades, con pluripatologías y cada vez mayor esperanza de vida, lo que hace necesaria una revisión de los contratos de las residencias para la incorporación de nuevos servicios”, ha señalado.
Por ello, cuando pase la situación de emergencia los populares proponen abrir un debate sobre la integración de servicios sociales y sanitarios. Y la propuesta “de las entidades que se dedican a la geriatría apuestan porque deberían pasar al Sistema Nacional de Salud”, con la colaboración estrecha de los Servicios Sociales.